10 autonomías toleran guarderías ilegales.
En la atención a los niños menores de tres años, más quizá que en cualquier otra cuestión que se imagine, la calidad no se debe sacrificar en aras de la cantidad. Pero no es así. Los responsables de 10 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco- saben que existen centros privados irregulares en su territorio, bien en empresas que no han recibido la autorización para ello, en ludotecas (locales de juego) que hacen la función de guardería o incluso en pisos particulares en los que se atiende a grupos de niños durante la jornada laboral de sus padres. Y los consienten. Además, al menos cinco autonomías y Ceuta reconocen que tienen en total cerca de 400 centros privados que no han sido autorizados por la Administración porque no cumplen los requisitos mínimos para dar la debida asistencia a estos menores.
El panorama que describe el último informe sobre la situación de los centros que atienden a los niños de 0 a 3 años, basado en datos oficiales, solicitados por la Comisión Europea, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha hecho saltar todas las alarmas. Revela una clara falta de plazas (351.593, menos), que ni siquiera cubre las necesidades de las familias que hay en España en las que trabajan los dos miembros de la pareja (657.259) y de las monoparentales (124.237) con hijos de estas edades, y alerta de que no se pueden seguir abriendo plazas a costa de la "calidad", es decir, sobre todo privadas que no están controladas por las administraciones o que no tienen personal cualificado ni el número suficiente de aulas.
El estudio Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda ha sido realizado por la Universidad de Vic y han participado en él siete especialistas, coordinados por Irene Balaguer. El trabajo se ha hecho basándose en los datos oficiales solicitados a las propias comunidades (excepto los de la Comunidad Valenciana y Murcia, cuyos Gobiernos decidieron no aportar información). Fue encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales tras solicitar la Comisión Europea esta información a España por carecer de ellos para las estadísticas europeas (Eurostat). Éste es el segundo estudio que hace este equipo. El primero es de 2004 y estaba más incompleto. La oferta aumenta año tras año, pero sin el suficiente control. Los expertos advierten en las conclusiones de que, según la situación detectada, "las políticas de ampliar la oferta, una vez más, están sujetas a priorizar la cantidad a costa de la calidad". Su conclusión es que "los datos aportados por las comunidades" provocan "alarma". Una de las razones es que "el incremento real de la oferta registrada es básicamente debida al aumento de la oferta pública municipal, en la que resulta evidente la disminución de la calidad en todos los requisitos", aseguran. Balaguer lo explica: "Muchas veces la propiedad del local es municipal, pero la dan a gestionar a una empresa, como la basura, sin controlarlo".
El descontrol está centrado en la privada no autorizada, y aun así tolerada, por las autonomías. Algo especialmente grave si se tiene en cuenta que el 52,7% de la oferta en toda España es privada.
La educación de 0 a 3 años tiene carácter educativo desde 1990, por lo que las mal llamadas "guarderías" deben hacer mucho más que guardar. El texto destaca otra razón de alarma (aparte de las evidentes consecuencias negativas de esta situación para muchos niños): la ausencia de unos requisitos mínimos nacionales, que "respetando la competencia de las comunidades", garanticen tanto la calidad como la igualdad de oportunidades. Esos "requisitos mínimos" del centro, espacio, ratios y personal los establecía un real decreto de 2001 ya derogado (conocido en el sector como el 1.004), que sigue siendo la referencia para comunidades y expertos. En la actualidad, el decreto deja libertad a las autonomías para establecerlos.
La dispersión de datos entre autoridades autonómicas de educación y bienestar social y la falta de control de buena parte de la oferta privada queda patente en esta radiografía. Aunque la base del estudio esté hecha sobre datos de hace dos cursos y del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (los últimos datos completos disponibles en ambos casos), el informe se acabó en noviembre de 2007. Éstos son los aspectos más relevantes:
- Privados ilegales. La falta de control de esta etapa es "alarmante". Diez comunidades "perciben la existencia de centros no autorizados", es decir, locales privados ilegales abiertos en su territorio. Cuatro de ellas (Baleares, Canarias, Castilla y León y Madrid) reconocen que existen centros irregulares en empresas, ocho (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco) que los hay funcionando con licencia municipal pero para otras actividades y ocho (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y País Vasco) admiten que tienen ludotecas haciendo de guarderías.
Además, otras tres autonomías declaran otro tipo de irregularidades. Baleares reconoce que hay guarderías funcionando que ni siquiera tienen licencia municipal de actividad económica, Canarias sabe que hay "particulares" que atienden niños en su casa a modo de guardería y Cantabria también cree que las hay pero no especifica de qué tipo de centros se trata. Se desconoce la situación en la Comunidad Valenciana y Murcia porque no participaron.
- Privados abiertos bajo mínimos. Hay centros que atienden a menores de tres años sin autorización en al menos cinco comunidades. Lo reconocen ellas mismas. Son: Aragón (15), Baleares (205), Canarias (78), Cantabria (12) y Extremadura (18). Esto significa que no cumplen los requisitos mínimos que la autonomía exige, pero aun así operan. "Sospechamos que hay muchos más, otras comunidades no lo han querido reconocer", puntualiza la coordinadora del informe.
- Inspección. En Canarias, Navarra y Ceuta "no existe un servicio de inspección para determinar si los centros cumplen con los requisitos mínimos de calidad exigible", aparte de la sanitaria. La inspección depende de Educación, excepto en Extremadura, que es de Bienestar Social. En Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha la comparten.
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Extremadura admiten que inspeccionan sólo los centros autorizados.- Plazas y centros. Hay 339.564 plazas para 1,14 millones de niños menores de tres años, según el estudio realizado con datos de población del decreto 1004 y de plazas del curso 2005-2006. A día de hoy esta población es de 1,4 millones de niños, lo que no quita validez a la radiografía, según los autores.
La privada es mayor que la pública. El 52,7% de estas plazas son privadas. También hay más centros privados (3.687 en toda España) que públicos (2.947). Aunque el estudio advierte insistentemente de que la privada no está toda registrada, y de que hay mucha fuera de control que no aparece en los datos de las comunidades.
Esto significa que hay una media de 27 plazas para 100 niños. De ellas, 12,8 son públicas y 14,8, privadas. Pero la variedad entre comunidades se repite. Por ejemplo, en el País Vasco hay 52,3 plazas por cada 100 niños de media, mientras en Asturias hay 16,7....
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